Cada año se desperdician millones de toneladas de alimentos en todo el mundo, mientras muchas personas siguen teniendo dificultades para alimentarse. Solo en España, en 2023 se tiraron 1.214 millones de kilos-litros de comida. Estas pérdidas no solo suponen un grave problema social y económico, sino que también generan un importante impacto medioambiental.

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha aprobado la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que busca reducir el despilfarro en toda la cadena, desde el campo hasta el hogar. Esta medida impulsa una sociedad más justa y sostenible, alineada con el ODS 12 de la ONU, que plantea reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030.

DAR VALOR A CADA ALIMENTO

La nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario tiene como principal objetivo evitar que los alimentos en buen estado terminen como residuos, dándoles un mejor uso cuando aún pueden ser consumidos o aprovechados de algún modo (alimentación animal, elaboración de nuevos productos, obtención de energía …). También busca concienciar a la población y fomentar un estilo de vida más sostenible a través del uso eficiente de los recursos y la energía.

Esta ley se aplicará a todos los sectores que forman parte del proceso alimentario, desde los agricultores y ganaderos que producen los alimentos, pasando por las industrias que los transforman y los supermercados que los venden, hasta los restaurantes y, por supuesto, los consumidores. Además, las administraciones públicas tendrán un papel importante, ya que deberán realizar campañas informativas y asegurarse de que se cumpla la ley mediante controles y seguimientos.

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Esto significa que todos los sectores implicados en el sistema alimentario deberán de desarrollar medidas específicas para evitar el desperdicio alimentario, mejorar sus procesos y encontrar formas de aprovechar los alimentos que no se hayan vendido o consumido.

Por ejemplo:

• Los supermercados estarán obligados a donar alimentos que aún sean aptos para el consumo en lugar de tirarlos, siempre que sea posible.
• Los restaurantes deberán ofrecer a sus clientes la opción de llevarse la comida que no hayan consumido, sin que eso suponga un coste extra.
• Las empresas de producción y distribución tendrán que colaborar con las administraciones para medir e informar de la cantidad de comida que desperdician.

CÓMO REAPROVECHAR LOS ALIMENTOS: ORDEN DE PRIORIDADES

Para ayudar a gestionar de forma correcta los excedentes alimentarios, la ley propone una “jerarquía de prioridades”: una guía que indica cuáles son las mejores opciones, de mayor a menor valor social y ambiental, para aprovechar al máximo los alimentos y evitar que se conviertan en residuos.

Transformación en otros productos- En el caso de que los productos no puedan venderse en su formato original, pueden transformarse en otros productos (por ejemplo, convertir fruta madura en mermelada o yogures en productos de repostería).

Alimentación animal- Cuando los alimentos ya no son aptos para humanos, pero siguen siendo seguros, pueden destinarse a la alimentación animal.

Uso como subproductos industriales- Algunos restos alimentarios pueden utilizarse como materia prima para otras industrias, como la cosmética, la farmacéutica o la química, evitando que terminen como residuos.

Reciclaje y valorización energética- Como última opción, cuando ninguna de las alternativas anteriores es posible, los alimentos pueden reciclarse para producir compost o transformarse en biogás. Aunque es la alternativa menos deseable, sigue siendo útil desde un punto de vista ambiental.

EDUCAR PARA NO MALGASTAR

La ley no solo impone obligaciones, también pone especial atención en sensibilizar a la población respecto al desperdicio alimentario. Para ello, contempla una serie de medidas dirigidas a educar, informar y concienciar, tanto a los profesionales del sector alimentario como a la ciudadanía en general.

Educación y campañas informativas

Las administraciones públicas deben de promover campañas de sensibilización, tanto a nivel general como dirigidas a públicos específicos, como escolares, empresas o establecimientos de hostelería. El objetivo es claro: promover un consumo más responsable y fomentar buenas prácticas que eviten el desperdicio de alimentos.

Además, se reforzará la educación en las escuelas, con el fin de que los niños y jóvenes incorporen, desde edades tempranas, hábitos de consumo más sostenibles.

Promoción de buenas prácticas

La ley también apuesta por fomentar acciones concretas en los comercios y establecimientos de hostelería para reducir el desperdicio. Entre las medidas que se impulsarán se encuentran:

• Ofrecer productos próximos a su fecha de consumo preferente a precios reducidos, en lugar de desecharlos.
• Donar alimentos excedentes que aún estén en buen estado, en colaboración con entidades sociales.
• Aprovechar los restos de cocina mediante sistemas internos que permitan su reutilización segura o su transformación en otros productos.

NO BASTA SOLO CON LEGISLAR…

Una ley solo es efectiva si se aplica correctamente. Por eso, esta norma incluye un sistema de seguimiento, evaluación y sanción que permitirá comprobar su cumplimiento y medir los avances de forma clara y transparente.